El escándalo de los Papeles de Panamá en perspectiva jurídica

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung, con el apoyo y colaboración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI) y cerca de 400 periodistas de 107 medios de comunicación de 76 países, revelaron hace unas semanas la lista de personas que contrataron los servicios de la firma panameña Mossack Fonseca, para la creación de sociedades offshore y la apertura de cuentas bancarias en diferentes jurisdicciones clasificadas internacionalmente como “paraísos fiscales”. Entre esos nombres, aparecieron muchas personalidades públicas, nacionales e internacionales, del mundo de los negocios, la política, la farándula y hasta el deporte.

La información publicada desató de inmediato un gran escándalo internacional, porque los medios de comunicación y la comunidad en general asumió automáticamente, sin mayores reflexiones, que todas las operaciones reveladas tenían como propósito la realización de actividades ilícitas, tales como la evasión fiscal o el lavado de activos. Tal fue el tamaño del escándalo internacional que el Primer Ministro de Islandia tuvo que renunciar, a la vez que los presidentes de Rusia y Argentina enfrentan investigaciones y cuestionamientos en sus respectivos países.

Pero, ¿está justificado este escándalo? ¿Qué tan diciente es la información contenida en los Papeles de Panamá? ¿Hay realmente algo objetivo al reprochar a las personas que están en esa lista, por el hecho de haber acudido a la creación de sociedades offshore y a la apertura de cuentas en paraísos fiscales?

El origen

Comencemos por decir que ni las sociedades offshore ni los llamados paraísos fiscales son intrínsecamente malos, porque no se crean para violar la ley. Estos instrumentos fueron pensados como solución a las necesidades de muchas empresas y personas naturales dedicadas a mover grandes sumas de dinero en los circuitos de negocios internacionales, lo que ha cobrado gran importancia en estos tiempos de globalización y apertura económica. Cosa distinta es que algunas personas aprovechen estos instrumentos para cometer conductas ilícitas, como el ocultamiento de activos, la evasión de impuestos o, incluso, criminales, tales como el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

Es parecido a lo que ocurre con las fiducias. Nadie discute la importancia, la utilidad y las bondades del fideicomiso para el desarrollo de varios sectores de la economía (por ejemplo, la construcción). No obstante, hay personas inescrupulosas que constituyen y utilizan fideicomisos para estafar, captar ilegalmente dinero del público, lavar activos, financiar organizaciones criminales, evadir impuestos, insolventarse y dejar sin garantías o fuentes de pago a sus acreedores, etc. A pesar de lo anterior, nadie se atrevería a afirmar que todo el que constituye un fideicomiso, o lo administra (como las fiduciarias), lo hace con propósitos ilícitos o criminales.

Para aclarar mejor este punto, tal vez valga la pena explicar qué son las sociedades offshore y por qué hay empresarios legales que acuden a ellas con propósitos legítimos y lícitos.